La resoluci\u00f3n del juez, emitida el 20 de enero de 2014, se produce a petici\u00f3n del abogado Manuel Ruiz de Villa que deber\u00eda pagar una tasa \u201cdesproporcionada\u201d para poder plantear un recurso de apelaci\u00f3n relativo a una reclamaci\u00f3n de 464.710,52 euros. A ra\u00edz de la decisi\u00f3n judicial, la tramitaci\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n ha quedado paralizada a la espera de que se pronuncie el Tribunal Constitucional.
\nEn su auto, el magistrado tras repasar las distintas cantidades que deben pagarse en los diferentes tipos de recursos, concluye que el derecho a la tutela judicial efectiva \u00a0\u201cdel art\u00edculo 24.1 de la CE puede verse conculcado por aquellas disposiciones legales que impongan requisitos impeditivos u obstaculizadores del acceso a la Jurisdicci\u00f3n o, en todo caso. En los recursos, si tales trabas resultan innecesarias, excesivas de tal forma que cuestionen la razonabilidad o proporcionalidad de los fines que persigue el legislador.
\nPor su parte, el titular del juzgado 44 de Barcelona asegura en su auto que \u201cla tasa a hacer efectiva en el presente caso puede implicar una importante restricci\u00f3n (si no limitaci\u00f3n) del derecho de acceso a los recursos\u201d. La cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad se plante\u00f3 en una caso en el que las elevadas tasas de apelaci\u00f3n eran irrecuperables, incuso si se ganaba la reclamaci\u00f3n por negligencia m\u00e9dica con efecto de graves da\u00f1os. El importe de las tasas era en esa ocasi\u00f3n 1.550 euros.
\nPreviamente, en febrero de 2013, el titular del Juzgado de lo Social n\u00famero 1 de Tarragona plante\u00f3 la primera cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional respecto a la Ley de Tasas por considerar que \u2018podr\u00eda vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva\u2019. El magistrado se bas\u00f3 en el escrito del abogado Jos\u00e9 Ruz Mart\u00edn, que le solicitaba la presentaci\u00f3n de la cuesti\u00f3n de inconstitucionalidad\u00a0tras interponer una demanda para que se determinase la contingencia profesional de un proceso de incapacidad temporal. Esta cuesti\u00f3n se plante\u00f3 antes de la reforma que suprimi\u00f3 las tasas en el orden social.
\nLa decisi\u00f3n del titular del juzgado 1 de Torrelavega y del 44 de Barcelona se suman a los recursos y cuestiones de inconstitucionalidad ya presentados.\u00a0El Tribunal Constitucional ha admitido a tr\u00e1mite los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno de Canarias, la Diputaci\u00f3n General de Arag\u00f3n, la Generalitat de Catalu\u00f1a, la Junta de Andaluc\u00eda y el Grupo Parlamentario Socialista. Tambi\u00e9n hay que a\u00f1adir las cuestiones de inconstitucionalidad que han planteado Juzgados de lo Social, de Primera Instancia y la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional. Adem\u00e1s, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo ha adoptado un acuerdo no jurisdiccional que establece la no exigencia de tasas judiciales al trabajador, sindicatos, beneficiario de la Seguridad Social, funcionario o personal estatuario en recursos de suplicaci\u00f3n y casaci\u00f3n.
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